Software y Videojuegos: ¿Merece la pena el Registro de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura?

1)    El Registro de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura[1]:

a.    Tiene su justificación legal en el Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual.

b.    Registro telemático: permite la presentación por vía telemática, mediante firma electrónica reconocida, de las solicitudes de inscripción de creaciones originales literarias, artísticas o científicas. Sin embargo no permite seleccionar el tipo de licencia que desea asignar el registrante-autor a su obra.

c.     Cualificación de la prueba: la ventaja que ofrece este registro es que genera una declaración de derechos por una Entidad Pública, por lo que la prueba que se obtiene es cualificada al considerarse como un documento público [2] –en un procedimiento judicial, un documento público hará prueba plena del hecho, siendo muy complicado impugnarlo–.

d.    Depósito: el soporte o expresión de la idea queda depositada sin límite temporal en el registro.

e.    Tasas: Hay que pagar una serie de tasas en función de cada tipo de solicitud realizada, pero que en su conjunto son económicas en relación al tipo de servicios que ofrece.

f.      Mantenimiento: no requiere un mantenimiento del registro.

g.    Plazo de resolución: El plazo máximo para resolver y efectuar la notificación correspondiente será de seis meses contados desde la fecha de entrada de la solicitud.[3] Aunque en la práctica, suele ser mayor.

h.    Documentación a presentar: para programas de ordenador es complicada de obtener y suele ser farragosa.

i.      Publicidad:  Indica en Boletines Oficiales, quién y qué se ha registrado.

En conclusión, la prueba en el Registro de la Propiedad Intelectual es positiva en cuanto a la cualificación por una Entidad Pública siendo estos registros reconocidos internacionalmente[4] por los Estados que están adheridos al Convenio de Berna.

Entre otros, el mayor inconveniente de este registro, es que si en el indicado plazo de 6 meses para resolver, además de ser excesivo, existe una impugnación, podría retrasarlo más aún o bien, de no ser resuelta la impugnación, quedaría desestimada la solicitud, lo que puede permitir que un tercero registre por otros procedimientos la obra, obteniendo antes una prueba de autoría.

A mi juicio, el principal problema que he detectado a medida que los clientes preferían depositar sus softwares mediante el sistema escrow, del que hablamos anteriormente en otros post : "Los programas de ordenador no son simples códigos fuente, sino que se retroalimentan de múltiples programas a su vez y generan una arquitectura que ni el propio Registro de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura de España, es capaz de entender ni soportar en el procedimiento actual".

La posibilidad de registrar el videojuego por su propia naturaleza es inviable, por no estar contemplado en el marco del artículo 145.1 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril[1] (en adelante, LPI), como creación intelectual original y unitaria, obligando a sus creadores y titulares a  separar cada obra de acuerdo a su propia naturaleza, artística, científica o literaria, lo que se evidencia como un obstáculo ante la falta de una regulación específica que permita a la industria del videojuego proteger, exportar e internacionalizar estos activos intangibles en constante crecimiento socioeconómico, bajo un marco legal estable en el ámbito de la propiedad intelectual de sus creadores, más aún cuando tenemos sentencias como la de Nintendo (sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Cuarta, de 23 de enero de 2014, asunto C-355/12, Nintendo Co. Ltd, Nintendo Of America Inc. Y Nintendo of Europe GmbH contra PC Box Srl y 9Net Srl) donde se plantea el videojuego no como un programa de ordenador, y en el El Libro Blanco de los Videojuegos donde se detalla que los videojuegos no son “reconocibles” por la Ley de Propiedad Intelectual Española, y cuestionándose que naturaleza jurídica tiene, si bien es considerado software o es considerado como otro tipo de obra de naturaleza distributiva. No por ello el videojuego queda exento de protección legal al ir fragmentando la obra como tal y registrándola como un Lego, pero desde luego que no es “natural” su modo de hacerlo, generando confusión a los propios creadores.



[1] Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Boletín Oficial del Estado, Lunes 22 de abril de 1996, núm. 97, p. 14369

 

De ahí, que muchas empresas, principalmente aquellas que han invertido mucho dinero y tiempo en enormes tecnologías, declinen el actual registro por otros procedimientos igual de seguros jurídicamente pero quizás, más confidenciales e inmediatos en cuanto a la obtención de la prueba de propiedad intelectual.



[2] Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, artículo 317.4 :A efectos de prueba en el proceso, se consideran documentos públicos, entre otros: “Las certificaciones que expidan los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de los asientos registrales.”

 

[3] Según el art. 24.1 del Reglamento del Registro (R.D. 281/2003, de 7 de marzo. BOE del 28 de marzo). Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

 

[4] Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas del 9 de septiembre de 1886, completado en PARIS el 4 de mayo de 1896, revisado en BERLIN el 13 de noviembre de 1908, completado en BERNA el 20 de marzo de 1914 y revisado en ROMA el 2 de junio de 1928, en BRUSELAS el 26 de junio de 1948, en ESTOCOLMO el 14 de julio de 1967 en PARIS el 24 de julio de 1971 y enmendado el 28 de septiembre de 1979

 

Por: Luis Manuel Tolmos
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