Plan de Prevención de Delitos en el Sector Educación #compliance

La nueva Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, en su artículo 1, apartado 8, añade un nuevo apartado 5 al artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dice: “Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e idemnidad sexual que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales”.

Dado que no se ha creado todavía  el Registro Central de Delincuentes Sexuales, ha de aplicarse la disposición transitoria cuarta de la mencionada Ley, que dice: “Hasta que entre en funcionamiento el Registro Central de Delincuentes Sexuales, la certificación a la que se refiere el artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del código civil y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal será emitida por el Registro Central de Antecedentes Penales”.

Por ello,  los colegios deben exigir el "certificado" a todas las personas que trabajan en los mismos, personal tanto docente como no. (Información obtenida por cortesía de los servicios jurídicos de CICAE)


Los delitos más habituales en el sector empresarial son:

  • Delitos contra la intimidad y allanamiento informático (art.197).
  • Estafas propias e impropias(art.251bis).
  • Insolvencias punibles: alzamientos, concursos punibles (art.261bis).
  • Daños informáticos, hacking(art.264).
  • Delitos contra la propiedad intelectual e industrial (art.288).
  • Delitos contra el mercado y los consumidores (art.288). Incluyen:
    • ?Descubrimiento y revelación de secretos de empresa (arts.278 a 280).
    • ?Desabastecimiento de materias primas (art.281).
    • ?Publicidad engañosa (art.282).
    • ?Fraude de inversores y de crédito (art.282bis).
    • ?Facturación fraudulenta (art.283).
    • ?Manipulación de cotizaciones en los mercados (art.284.1y2).
    • ?Abuso de información privilegiada (arts.284.3 y 285).
    • ?Facilitación ilegal de acceso a servicios de radiodifusión y televisión (art.286).
    • ?Corrupción entre particulares y deportiva (art.286 bis).


Ya sabemos entonces, que cualquier empresa y en particular nuestro centro educativo necesita la figura del Legal Compliance Officer, que deberá disponer de un Documento de Compliance con todo el marco de medidas, normativas y canal de denuncias oportuno como marca la ley.

Os dejo un modelo o índice de lo que debería incluir al menos el SET-UP del DOCUMENTO DE COMPLIANCE :

1.-Identificación de riesgos penales.

2.-Plan de acción:

1.     Anexo. Código ético

2.     Anexo. Canal denuncias

3.     Anexo. Sistema disciplinario interno

4.     Anexo. Programa de prevenciòn.

5.     Anexo. Vigilancia de delitos

6.     Anexo. Plan de formación. 

7.     Anexo. Manual de funciones del responsable de cumplimiento penal.

8.     Anexo. Certificación


Además del plan de actuación de:

1.- Vigilancia de delitos: incidencias.

2.- Canal de denuncias: filtrado por el Compliance Officer.

De todos estos delitos, los que más se ciñen al ámbito de la educación para crear una política interna, en el colegio o universidad, de compliance:

  • Intimidad y allanamiento informático ( art. 197)
  • Estafas propias e impropias (art. 251)
  • Insolvencias punibles (art. 261)
  • Daños informáticos , hacking ( 264)
  • Daños contra la propiedad industrial e intelectual
  • Delitos contra el mercado y los consumidores.
  • Delitos contra menores.
Además de lo anterior, es crucial que en los Centros Educativos se detalle una POLITICA DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS, la cual es obligatoria consentirla por los empleados y colaboradores, tanto es así que afectaría a la hora de generar pruebas extraídas de la lectura de correos electrónicos corporativos, aunque no se requiera tal consentimiento para casos que afecten a la política de compliance, como medida preventiva. 

No obstante, el Tribunal Supremo matiza que el art. 18.3 de la Constitución no protege los mensajes, sino los medios de comunicación propiamente dichos. Por ello, según la sentencia, las garantías del 18.3 CE no limitan ni condicionan la actividad de control empresarial que consista en analizar y obtener pruebas de:

Es decir, según esta sentencia, no se precisa de autorización judicial para investigar los archivos en el disco duro del ordenador del empleado, o los mensajes remitidos o leídos en las bandejas de correo electrónico (normalmente en el servidor), ni los datos de tráfico de las comunicaciones. No obstante, aclara la sentencia, en estos casos resultarán aplicables las garantías propias de la protección de datos y de la intimidad de las personas.

Si tenéis cualquier duda o aclaración, podéis dejar comentarios usando el pluggin de facebook o en el contacto.

Por: Luis Manuel Tolmos
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