Las #amenazas e #insultos por redes sociales o email en el ámbito del Colegio

Son frecuentes las tensiones políticas, discusiones personales, problemas de celos, acosos contra una persona determinada e incluso rupturas de relaciones que podrían causar o derivarse en amenazas mediante uso ilegal de información privada, que en según que casos puede contener frases acompañadas de hasta fotografías o contenidos que vulneren el derecho de imagen, al honor e intimidad. El medio común de uso de esas amenazas se hace por dispositivos electrónicos como smartphones, usando aplicaciones cliente que permiten la comunicación directa mediante chats o mensajes, de forma privada,  así como correos electrónicos; respecto a la identidad del emisor del mensaje, en algunos casos se hace desde cuentas falsas y en otros casos, usando redes y servicios corporativos del colegio o bien usando  proveedores de servicios sin cuentas corporativas tipo Skype, Gmail /hangouts o Facebook así como Whatsapp. Lo habitual, es que en unos y en otro casos, siempre se identifique al emisor real del mensaje, bien porque el centro de trabajo pueda ubicar la localización del dispositivo y titular del uso, o bien, que haya dejando evidencias electrónicas tan obvias como sus cuentas de correo habituales o perfil de usuario con la foto.

a) En relación al contenido, son amenazas todos aquellos mensajes que contengan información en la que se vulneren derechos, tipificados en la Ley Orgánica 10/1995 del Código PenalArtículo 169:

El que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, será castigado:

1.º Con la pena de prisión de uno a cinco años, si se hubiere hecho la amenaza exigiendo una cantidad o imponiendo cualquier otra condición, aunque no sea ilícita, y el culpable hubiere conseguido su propósito. De no conseguirlo, se impondrá la pena de prisión de seis meses a tres años.

2.º Con la pena de prisión de seis meses a dos años, cuando la amenaza no haya sido condicional.

b) En relación al medio: Las penas señaladas en el párrafo anterior se impondrán en su mitad superior si las amenazas se hicieren por escrito, por teléfono o por cualquier medio de comunicación o de reproducción, o en nombre de entidades o grupos reales o supuestos

Este artículo, significa que si una persona recibe una amenaza por chat, obligándole a realizar un propósito que aun siendo legal, la persona receptora del mensaje se vea obligado a realizar una conducta para tales fines, se prevé una pena de 1 a 5 años de cárcel, pero lo importante es que, si el que recibe el mensaje se niega a cumplir con las obligaciones que le indican, la persona que amenace podrá tener una pena de 6 meses a 3 años de cárcel, siendo la pena máxima en caso de producirse la amenaza por cualquier medio de comunicación como es el caso de los mensajes de chat o correos electrónicos. A ésto, habrá que añadir los daños morales y perjuicios económicos sufridos por tales amenazas e incluso por recibir insultos o injurias sin amenazas (Artículo 208 )Es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.que atenten contra los derechos al honor, intimidad y propia imagen, al verse afectado en consecuencia, en el desempeño profesional o en el propio rendimiento escolar del alumno.

¿Qué hacer?

Los pasos a tener en cuenta, es guardar primero las pruebas tales como las capturas de pantalla, links, correos, imágenes... Si necesitas un testigo como prueba, debes saber que el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil tiene una alianza con eGarante, es un servicio que deja rastro y pruebas de los enlaces y contenidos que les envíes, pero eso si, tiene un coste para el caso de la denuncia y es gratuito, en el caso de que seas un informador o colaborador que deseas comunicar  que se están produciendo amenazas.

¿Pero qué sucede si hemos dejado pruebas y el emisor del mensaje dio de baja su cuenta para que no le localizasen? La Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones. Esta Ley se aplica a los datos de tráfico y de localización sobre personas físicas y jurídicas y a los datos relacionados necesarios para identificar al abonado o usuario registrado. Se excluye del ámbito de aplicación de la citada Ley el contenido de las comunicaciones electrónicas, incluida la información consultada utilizando una red de comunicaciones electrónicas.  Se enumera en su artículo 3, de manera precisa y detallada, el listado de datos que quedan sujetos a la obligación de conservación en el marco de las comunicaciones por telefonía fija, móvil o Internet. Estos datos son los necesarios para identificar el origen y destino de la comunicación, su hora, fecha y duración, el tipo de servicio utilizado y el equipo de comunicación de los usuarios utilizado y, en el caso de utilización de un equipo móvil, los datos necesarios para su localización.

¿Cómo evitar llegar a un conflicto interno dentro del colegio? Gracias a las nuevas medidas penales sobre Compliance, nos encontramos que el canal de denuncias, que marca la ley y que el colegio establezca, permitiría ofrecer un formulario en modo de "colaborador" y un formulario en modo de "anonimato" para aquellos empleados o niños que por miedo a un compañero o a un superior, teman ante el descubrimiento de su identidad y no se atrevan a sacar a la luz los hechos, por lo que esta solución hace que el empleado o el estudiante disponga de una herramienta que le facilite comunicar los hechos ante el mediador o departamento legal,  y éstos actuar de acuerdo a los criterios anteriormente citados. 

Una vez atendido el asunto, se deberá evaluar y en los casos en que no exista aún hechos tipificados, como medida preventiva se podría llegar a un punto de mediación entre las partes en caso de asuntos solucionables sin causar denuncia; mientras que sin llegar a un acuerdo y para los casos tipificados en el código penal deberá actuar con la diligencia debida anotando en el informe de compliance los hechos y en su caso comunicarlos ante los organismos competentes, donde interpondrán o no los afectados en caso de profesores o empleados en cada situación, las denuncias pertinentes; y, en supuestos de que los afectados sean o incluya a estudiantes, el deber de información previa antes de actuar en cualquier circunstancia, comunicándolo a sus padres o tutores legales, también en el caso de ser mayores de edad.

Por: Luis Manuel Tolmos
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